La justicia de El Salvador postergó la lectura del fallo en el megajuicio contra 485 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), un proceso considerado histórico por la magnitud de las acusaciones y por la cantidad de imputados que fueron juzgados de manera colectiva.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador había previsto comenzar este lunes 31 de agosto con la lectura de la resolución. Sin embargo, las autoridades comunicaron el aplazamiento de la sentencia, sin que al cierre de esta edición se hubiera establecido una nueva fecha.
El proceso comenzó en abril y se extendió durante tres meses. La Fiscalía General de la República sostuvo que los acusados formaban parte de la estructura de mando de la MS-13 y les atribuyó delitos cometidos entre 2012 y 2022.
La acusación reúne más de 47.000 imputaciones vinculadas con homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y armas, desapariciones y otros delitos. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó 625 audios, testimonios de 17 colaboradores y videos relacionados con crímenes atribuidos a la organización. También sostuvo que el proceso permitió documentar 444 homicidios con 485 víctimas.
Entre los procesados se encuentran integrantes de la denominada Ranfla Nacional, considerada la máxima estructura de conducción de la MS-13. La Fiscalía solicitó las penas máximas para los acusados y reclamó además el pago de 9 millones de dólares en concepto de responsabilidad civil.
Un juicio que divide opiniones
El megajuicio forma parte de la estrategia de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022, cuando el Gobierno declaró un régimen de excepción tras una ola de homicidios.
Desde entonces, más de 92.000 personas fueron detenidas bajo ese régimen, según distintas fuentes. El Gobierno sostiene que la ofensiva permitió desarticular a las principales estructuras criminales y reducir drásticamente los homicidios.
Bukele y funcionarios de su administración presentan los procesos contra las estructuras de mando de las pandillas como una forma de llevar ante la Justicia a quienes durante años ordenaron asesinatos y otros delitos desde las cúpulas de las organizaciones criminales.
La Fiscalía, de hecho, sostuvo que el juicio representa un cambio respecto de procesos anteriores, en los que se perseguía principalmente a los autores materiales de los delitos. En este caso, el objetivo fue responsabilizar a quienes, según la acusación, impartían las órdenes.
Pero la metodología utilizada genera fuertes cuestionamientos.
Organizaciones de derechos humanos y abogados defensores advierten que los juicios colectivos pueden dificultar la individualización de las responsabilidades penales y afectar garantías básicas como el derecho a una defensa adecuada, la presunción de inocencia y el debido proceso.
Las críticas se inscriben en un cuestionamiento más amplio al régimen de excepción, bajo el cual miles de personas fueron detenidas sin orden judicial y permanecieron durante largos períodos privadas de su libertad antes de acceder a una resolución judicial.
Justicia para las víctimas y dudas sobre el debido proceso
El dilema que plantea este proceso excede a los 485 acusados. Para las autoridades salvadoreñas, juzgar a los máximos responsables de la MS-13 constituye una respuesta largamente esperada por las víctimas de la violencia de las pandillas.
Para las organizaciones críticas del Gobierno, en cambio, la magnitud del proceso y el mecanismo colectivo utilizado pueden convertir la búsqueda de justicia en un procedimiento que no garantice adecuadamente la responsabilidad individual de cada acusado.
El juicio se desarrolló además en un contexto de fuerte control estatal sobre el sistema de seguridad y bajo un régimen de excepción que continúa vigente. En ese escenario, la sentencia será observada tanto por las víctimas de la violencia de las pandillas como por organizaciones nacionales e internacionales que cuestionan las condiciones en las que se desarrollan estos procesos.
La postergación del fallo agrega ahora un nuevo capítulo a un juicio que ya se convirtió en uno de los mayores procesos judiciales contra una estructura criminal en la historia reciente de El Salvador.
La decisión que finalmente adopte el tribunal no solo determinará la situación de los 485 acusados. También podría convertirse en una referencia para el futuro de los megajuicios implementados durante el gobierno de Bukele y para el debate sobre hasta dónde puede llegar la política de seguridad sin dejar de garantizar las reglas básicas de la Justicia.
Fuente: Marianela Mayer
